EL FUTURO DE LAS PENSIONES (1)

En estos tiempos, donde la "cultura del miedo" es inducida en tod@s nosotr@s a través de machacones, catastrofistas e interesados discursos lanzados, sobre todo, desde el "mundo financiero" y " político" hemos de convivir con otro miedo más: el futuro de las pensiones.

Trás el "consenso" alcanzado entre los partidos politicos con la firma del Pacto de Toledo, en 1994, sobre el futuro de las pensiones, está haciendo que los servicios de "estudios" de las instituciones financieras no pierdan su tiempo, y se hayan lanzado a editar libros para hacernos ver la "inviabilidad" del sistema público de pensiones y presentar como "inevitable" su reforma. De aquí que las masivas campañas "informativas" por parte de los "independientes" medios de comunicación, para convencernos de lo inevitable de la reforma de las pensiones, no se den de forma casual.

Antecedentes.

Desde los inicios de los años ochenta, las elites políticas y financiaras de los países más "desarrollados" del mundo capitalista, liderados por Los EEUU y el Reino Unido (época del Reaganismo y el Thatcherismo), junto con las instituciones comerciales y financieras internacionales a su servicio: el FMI, el BM, la OCDE, etc., iniciaron un cambio gradual y continuado en la política económica dominante en sus Estados, pasando de una economía mixta a una economía liberalizadora ("Economía de libre Mercado"), aplicando una política económica neoliberal-conservadora. Posteriormente, la mayoría de los demás países, incluidos los del tercer mundo, han seguido el mismo camino; es lo que se denomina globalización.

Dicho cambio se realizó a causa de, entre otros factores, la pérdida de las tasas de beneficios a las que estaba acostumbrado el capital hasta la crisis económica de los años setenta y a la consideración de que los sectores populares -"la gente insignificante"- habían llegado demasiado lejos, "afectados" por una progresiva politización y organización que se extendió hasta los años sesenta y setenta; lo que algunos analistas políticos denominaron "crisis de la democracia" y que como consecuencia produjo un compromiso general del poder político y económico para restaurar la rentabilidad empresarial e imponer una disciplina a un mundo cada vez más "turbulento". Es decir, "restaurar la fe en la autoridad".

Un poco de crítica.

El discurso ideológico globalizador se basa en unos pocos dogmas económicos que han divulgado hasta la saciedad, consiguiendo que el mito y la retórica neoliberal formen parte ya del lenguaje común y del bagaje cultural de los ciudadan@s. Uno de los aspectos más importantes de esa retórica ha sido la critica ideológica sistemática del Estado de Bienestar y del sistema público de pensiones, apelando principalmente a razones de eficiencia y de costes.

Asímismo, la existencia de valores de carácter social y redistribuidores, justificación tradicional del Estado de Bienestar, donde el sistema de distribución del sistema público de pensiones supone un esquema de reparto en que las cotizaciones de los empleados se usan para pagar las pensiones de los jubilados, por lo que permiten incorporar importantes elementos de equidad distributiva, estaban inevitablemente destinados a ser erosionados en una época de santificación de los mecanismos basados en la economía de libre mercado, individualismo y competitividad, valores ideológicos de cualquier política neoliberal-conservadora. Pero además las pensiones suponen el 60 por ciento de los gastos sociales, lo que lo convierte en el principal y jugoso objetivo del poder privado.

Los dogmas de la ofensiva neoliberal-conservadora.

Los principales argumentos que utilizan los ínclitos sectores globalizadores son: La incapacidad financiera, el envejecimiento de la población, las altas tasa de paro, la quiebra del sistema de pensiones y ,como no, la "bondad" de los planes privados de pensiones.

La incapacidad financiera, como argumento, no se sostiene. Cuando la mayoría de los países europeos, incluyendo el Estado español, independientemente de su tasa de actividad y empleo, producen más del doble de lo que producían en 1970 y la renta per cápita también se ha multiplicado por dos aproximadamente, es razonable pensar que se puedan mantener, proporcionalmente al menos, las mismas prestaciones que antes.

El envejecimiento de la población como segundo argumento se utiliza siempre acompañado con una avalancha de datos para explicar la quiebra demográfica. Consecuencia lógica: "si no quieres ser un futuro anciano desvalido", empieza a invertir en fondos privados. Los medios de comunicación se llenan de catastrofismo demográfico, aunque la lógica te diga que en una sociedad dominada por el paro estructural y el voraz consumo de recursos naturales no renovables, la disminución de la población pueda constituir una buena noticia. Como solución complementaria, aparentemente introducida por argumentos de sentido común, y hasta progresistas, se nos habla de las "migraciones de sustitución". Importemos extranjeros que coticen hoy para asegurar nuestra vejez mañana. Ya sabemos que exigen poco. Se trata de una "solución" en la que además de ver a los inmigrantes como meros instrumentos (no desde la justicia geopolítica, los derechos humanos, etc.) es absolutamente falso, porque presupone que los inmigrantes han de estar constituidos sólo por jóvenes en permanente renovación, (cuando se hagan viejos ya no nos sirven, puesto que generarían los mismos gastos que los trabajadores autóctonos), además de solteros sin familias que puedan generar gasto social. La falacia propagandística del argumento demográfico se muestra al desnudo además porque la incorporación de la mujer al mundo laboral ha aumentado sustancialmente la tasa de actividad, haciendo crecer el Producto Interior Bruto.

En cuanto al argumento de la alta tasa de paro el problema, en todo caso, sería de empleo y de producción. Este problema no sólo afecta a los pensionistas, sino a la economía en general: si ésta va mal, no serían únicamente los jubilados los perjudicados, sino que todos los ciudadanos se verían en dificultades.

La supuesta quiebra del sistema de pensiones es el eje de la ofensiva conservadora. En el Estado Español las cotizaciones cubren con creces ,en el régimen general de la Seguridad Social, la totalidad de las prestaciones; el déficit se produce en otros regímenes como el agrícola, el de autónomos o en las prestaciones no contributivas. No hay ninguna razón técnica que impida que éstas se financien mediante los impuestos, al igual que sucede en los gastos, por ejemplo, de defensa, o las carreteras, o las subvenciones a las empresas privadas o las rebajas de las cotizaciones sociales a los empresarios, o todo el cúmulo de ventajas fiscales que se aprueban para las empresas y para las rentas de capital. El problema está en el empeño de los poderosos para que las rentas del capital sean intocables en lo que se refiere a su participación en el sostenimiento de los jubilados, porque aquí está la clave del asunto: es una cuestión de reparto entre capital y trabajo y su voluntad es la de no colaborar en el mantenimiento del sistema público, que según ellos debe financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales y los gastos de defensa con impuestos, claro. Aquí practican, como en otros muchos casos, la lucha de clases, que parece que sólo está obsoleta para los trabajadores, para la elite política y económica está claro que no. No hay mayor mentira que la afirmación ampliamente difundida por la prensa de que el sistema de pensiones está en quiebra. La Seguridad Social (como el "Estado") no puede quebrar, a no ser que la economía en su conjunto se hunda; pero en ese caso, los primeros que quebrarían serían los fondos privados de pensiones, invertidos, por cierto, en una proporción importante en deuda pública.

Y como ya nos tienen el "miedo metido en el cuerpo" llega el argumento estrella: la bondad de los fondos privados de pensiones. Los defensores de los planes privados intentan convencernos de las ventajas que conlleva el sistema de capitalización, frente al sistema público, puesto que la situación se hará "insostenible". Debido fundamentalmente al envejecimiento poblacional, es necesario potenciar los sistemas (privados) de capitalización que sustituyan o complementen (para los que puedan) sus futuras pensiones.

Argumentan lo positivo que suponen cara a incentivar el ahorro nacional, cosa que no es cierto, porque eso no modificaría la cantidad global de ahorro, sólo su destino. En el primer caso al Estado, en el segundo, a las instituciones financieras privadas. Aún más, puede ocurrir que incluso sea perjudicial para el crecimiento económico nacional. En un mercado abierto y con libre circulación de capitales como el que domina la escena internacional, no hay ninguna garantía de que los fondos de pensiones generados en un país se inviertan en el mismo, con lo que el nuevo sistema produciría una fuga de recursos e incrementaría el desempleo en el interior. Eso es lo que en realidad buscan las grandes instituciones financieras internacionales con la inmensa propaganda que realizan. Los fondos de pensiones se pueden convertir en un mecanismo más de evasión de capitales y de empobrecimiento..

Otro de los argumentos empleados es la mayor seguridad y rentabilidad de los fondos. En primer lugar cualquier plan privado de capitalización no puede garantizar unas prestaciones determinadas. Al ser planes a largo plazo están sometidos a incertidumbres como la tasa de inflación y las rentabilidades futuras. No hay por qué suponer, desde el punto de vista económico, que las prestaciones tengan que ser muy distintas en un sistema de capitalización de las de un sistema público, siempre que exista la voluntad política de mantenerlo. Por mucho que se hable de quiebra de la Seguridad Social y del Estado de Bienestar, existen muchas más probabilidades de que sean las aseguradoras o entidades financieras las que quiebren, y si no lo hacen es precisamente porque el Estado las sanea con cargo al erario público.

Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista particular, sí hay diferencias entre un sistema público y otro privado. En el segundo no se da ninguna redistribución de rentas, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables. El fundamento y el sentido de la Seguridad Social radican precisamente en su carácter redistributivo y en la cobertura generalizada del riesgo de vejez, aunque no es un sistema por completo igualitario, no existe una proporción estricta entre cotización y prestación. Es este carácter universal y compensatorio en el que se exige una caja única lo que diferencia radicalmente el sistema público de los planes privados, y lo que impide que éstos puedan constituirse en alternativa.

Lo que no dicen es el cambio que supone la introducción, con carácter general, de un sistema privado que lleva aparejado la constitución de grandes cantidades de capitales procedentes de los trabajadores controlados por las entidades financieras administradoras de los planes privados, como suceden con los grandes fondos anglosajones, donde únicamente los tres fondos más importantes de los EE.UU.: Fidelity Investment, Vanguard Group y Capital Research and Management controlan 500.000 millones de dólares.

Sólo resulta explicable que en Europa y el Estado español se esté planteando el tema de la financiación de las pensiones por los vastos intereses que se mueven tras ellos y por la masiva manipulación informativa a su servicio, que sobrepasan todo, cuando se ve que en el Estado español la parte del PIB que destinamos al gasto de pensiones es de las más bajas de Europa, lo mismo que la pensión media sobre la renta per-cápita, con excepción de Portugal, habiendo disminuido además entre 1980 y 1991 como resultado de distintas medidas legislativas, en especial la ley de pensiones de 1985, tendencia que continua sin duda tras las sucesivas reformas laborales.

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